Fugados. Columna invitada por Victor Espinoza.

Fugados

por Víctor Alejandro Espinoza 

En su edición del lunes 9 de marzo, el periódico El Universal publicó un trabajo que ejemplifica con claridad uno de los problemas que enfrenta nuestro sistema político y que al parecer tiende a recrudecerse como un efecto contrario a las buenas intenciones de las reformas electorales de los últimos años. Me refiero al tema del llamado “chapulinismo” político, que justamente tiene lugar cuando aquellos que son electos para un cargo, no concluyen el mandato para buscar otra opción de representación popular. Funcionarios que se fugan de sus cargos para aspirar a uno mejor. 

El trabajo citado se detiene en el análisis del “chapulinismo” de los diputados locales (incluyendo a los asambleístas del Distrito Federal). Habría que hacer la indagatoria de lo que acontece en los ayuntamientos mexicanos, en los que seguramente las cifras se incrementan. Pero los datos de lo que sucede en los 32 congresos son muy elocuentes: de los mil 129 legisladores locales, 248 se irán a buscar diputaciones federales, alcaldías y “hasta regidurías”. Se trata del 17.73% de quienes fueron electos para cubrir un periodo de tres años. Llama la atención que se reportan “chapulines” en 20 congresos y sólo en 12 no se registra la renuncia de diputados que buscan mejores aires. Pero en tres entidades el fenómeno es más significativo: el primer lugar lo ocupa la Asamblea Legislativa del Distrito Federal donde el 80.30% del total de asambleístas se estarán fugando, es decir, 53 de los 66 representantes. El segundo lugar de los saltadores lo ocupan los diputados de San Luis Potosí donde partirán en busca de mejores salarios y posiciones políticas 20 de los 27 integrantes del Poder Legislativo, es decir, el 74.07% de ellos. El tercer lugar será para los representantes queretanos con el 68% de fugados, es decir, 17 de los 25 diputados. 

Las fugas del cargo no están prohibidas legalmente. Habría que recordar que en Baja California se intentó frenar a los “chapulines” mediante una reforma al artículo 42 de la Constitución local, que fue aprobada por los 25 diputados de manera unánime el 12 de julio de 2002. Fue la misma norma que trataron de aplicar en 2007 al candidato de la Alianza para que Vivas Mejor (PRI, PVEM y Partido Estatal de Baja California), Jorge Hank Rhon, pues en el momento de ser nominado como candidato era presidente municipal de Tijuana. El Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado de Baja California declaró improcedente su candidatura, pero ante la inconformidad presentada por la alianza que postulaba a Hank Rhon, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó que se violaban los derechos políticos de los ciudadanos contemplados en el artículo 35 de la Constitución mexicana y ordenó la restitución de su candidatura. Esta determinación creó jurisprudencia y en virtud de ello resulta improcedente cualquier intento legal por frenar el “chapulinismo” en la entidad y a nivel nacional.

El analista político Jorge Buendía publicó en su columna del martes 10 de marzo del periódico El Universal, un texto muy sugerente a propósito de los “chapulines”. Por un lado, llamó la atención acerca de cómo la mayor concentración de fugados se dará en entidades con concurrencia electoral (coincidencia de comicios locales y federales): “La concurrencia reduce el mercado laboral para los diputados”, es decir, tendrían que esperar tres largos años para buscar otro cargo de representación popular. Pero Buendía presenta una salida: “La mejor respuesta es la reelección legislativa. Si hubiera reelección, la disyuntiva entre concluir el periodo y buscar una posición política no existiría. Los diputados podrían alcanzar ambos objetivos a la vez. La unificación del calendario electoral puede ser una buena idea si llega a tomar en cuenta las motivaciones de los políticos. Concurrencia sin reelección es una pésima reforma que no contribuye al buen gobierno del país”. 

El tema no es sencillo. Los llamados a los políticos profesionales a refrenar sus ansias escaladoras no tienen ningún sentido. Se trata de un problema de diseño institucional, que se complejiza cuando incluimos a todo el universo de cargos de elección popular. La reelección legislativa es una salida, la otra es la de presidentes municipales; sin olvidar la posibilidad de igualar en 4 años todos los cargos. 

Víctor Espinoza es profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte.