¿Sucede en México? ¿Hay algo que aprender?

 

Los legisladores del país han descubierto que la agencia gubernamental responsable de obtener información vital para la seguridad nacional ha cometido actos que violan los derechos humanos. Sus agentes interrogan con tácticas, lamentablemente comunes, a los presos que están bajo su custodia. La información obtenida en los "cuestionarios" no es resultado de un diálogo de los responsables con los detenidos: los torturan, simulan ahogarlos, les quitan las ropas, los amenazan con perros entrenados, les impiden dormir, los humillan. Así defienden al Estado y al mundo del peligro que representan estos criminales para la paz y el orden. 

Los representantes en el Congreso han descubierto que la agencia en cuestión destruyó  las cintas que atestiguaban tanto su eficiencia por haber encontrado a los criminales buscados, como los abusos cometidos a nombre de la ley. Han decidido tomar cartas en el asunto y dar una respuesta a la altura de sus valores e ideales: es necesario que se establezca una normatividad adecuada para este tipo de interrogatorios y que las prácticas recién descubiertas sean erradicadas. Grupos a favor de la libertad y los derechos civiles han realizado manifestaciones y se han movilizado. 

¿En dónde sucedió esto? ¿En Africa, en México, en algún país de América Central? No. Respuestas equivocadas. Esto sucedió en Estados Unidos: la agencia gubernamental encargada de los interrogatorios fue la CIA (Agencia Central de Inteligencia) y las cintas fueron destruidas para evitar que los agentes que participaron en el interrogatorio a dos terroristas fueran identificados por sus enemigos y se tomasen represalias en contra de ellos o de sus familias. El debate legislativo se está llevando a cabo actualmente en el Congreso del país y los legisladores cuestionan los procedimientos de la Agencia. La Comisión Legislativa del 9/11 ha acusado a dicha instancia de no dar toda la información que se le ha solicitado, siendo la destrucción de las cintas de los interrogatorios una prueba de ello. El caso lleva un par de años en las cortes. (Aquí se encuentra más información sobre el tema.)

El hecho encierra en si acciones que le permiten a cualquier observador externo plantearse una serie de preguntas: ¿Es válido, a nombre de la seguridad, violar los derechos de los delincuentes? ¿Está la seguridad nacional por encima de la constitucionalidad en un país? ¿Tienen derechos los delincuentes? ¿Se les puede obligar a confesar sin haber sido juzgados previamente? ¿El mundo puede dormir tranquilo porque en Estados Unidos se tortura a los terroristas, obteniendo así información vital para el orden y la paz mundial? ¿Hasta dónde deben, o pueden, llegar los representantes de la ciudadanía con relación a los actos cometidos? ¿Deben los legisladores involucrarse directamente en temas relacionados con la seguridad nacional? ¿Deben hacer pública la información? ¿Tienen sus electores derecho a saber? 

Independientemente de las posiciones, juicios y argumentos que puedan presentarse a favor y en contra de estos hechos y de las medidas tomadas, existen algunos elementos que quisiera rescatar para pensar nuestra propia situación en México. Estos acontecimientos suceden a diario en las cárceles y en separos u oficinas “extraoficiales” de nuestro país, en todos los estados. ¿Alguien dice algo? ¿Nuestros legisladores han tomado cartas en el asunto o se han involucrado en estas cuestiones? Los he visto aventarse y acostarse sobre la tribuna legislativa para impedir que el Presidente electo, Felipe Calderón,  tomara posesión o para evitar que el ex Presidente Vicente Fox rindiera su informe de gobierno. También los he visto interpelar “valientemente” al Presidente en turno cuando éste hablaba en la tribuna (el sexenio es lo de menos, hace más de 18 años que esto sucede). No los he visto defender con la misma vehemencia asuntos de fondo que conciernen el estado de derecho en nuestro país. Tampoco he visto que defiendan con férrea voluntad el derecho de los ciudadanos (a quiénes, por cierto, deben su puesto) a saber lo que sucede con las instituciones y agencias gubernamentales encargadas de la seguridad pública. ¿Cómo proceden? ¿Cómo actúan? ¿Qué hacen? ¿Qué está haciendo México en la lucha contra el terrorismo, o qué hacen las agencias y oficinas involucradas a nombre de ello? Por lo visto, ese no es asunto suyo. 

Los ciudadanos tenemos el derecho de exigir a nuestros representantes que nos informen, que se involucren en los temas que a afectan nuestra tranquilidad. Para eso les pagamos. Tienen la obligación de comunicarnos, pero los ciudadanos desconocemos eso. Los vemos muy lejanos, involucrados en pleitos partidistas, alejados de sus representados. 

Esto es lógico; mientras la lealtad de los legisladores esté en su partido y no en los votantes, poco interés tendrán en trabajar a favor de los asuntos que verdaderamente le importan a la ciudadanía. Mientras los diputados y los senadores deban su presencia en el Congreso al partido que los selecciona, los electores tendrán un lugar secundario en su agenda de trabajo y en los temas que traten. Mientras no sea el voto ciudadano y su  posible reelección el parámetro de sus acciones, seguirán  ignorándolos. 

El caso mencionado no es un tema amable sobre el que queramos profundizar todos los días, pero es una prueba de cómo en otras latitudes, inclusive a pesar de la seguridad nacional, los legisladores se involucran e informan a sus electores. 

¿Tú qué opinas?